Considerando que en el pasado más reciente los mexicanos de niveles socioeconómicos C y C menos, solo podía acceder a una vivienda en zonas alejadas a la ciudad donde tenían sus lugares de trabajo, se detectó que lejos de ayudar a este segmento de la población se estaban creando dos problemas: ciudades fantasmas al no ser habitadas por sus compradores y/o tienen que realizar largos traslados cuyo costo les esta resultando muy alto para los salarios que perciben estos trabajadores.
El actual gobierno se ha dado a la tarea de apoyar a los desarrolladores con el objeto de beneficiar a los trabajadores que están buscando un lugar propio para viviros. ¿Cómo? Mediante el trabajo conjunto del Gobierno de la CDMX y la Asamblea Legislativa han promovido la construcción de conjuntos habitacionales que satisfagan la demanda de una población que se encuentra en edad de independizarse, formar hogares y/o empezar a construir un patrimonio familiar. Trabajadores que desea vivir cerca de su trabajo, de sistemas de transporte público accesibles que se traduzcan en: ahorro de tiempo, menor gasto en traslados, menos contaminantes, más seguridad, en una palabra que gocen de una verdadera de la vida urbana.
Por ello, estas instituciones han visualizado la importancia de generar normas e instrumentos que hagan viable la construcción de vivienda económica bien ubicada y conectada.
Estas normas impulsan y facilitan la construcción de vivienda para los trabajadores, donde nace de la articulación de políticas urbanas, ambientales, económicas y patrimoniales desde el enfoque del Derecho a la Ciudad, y es resultado del esfuerzo común en la construcción de un modelo de ciudad más habitable, sustentable, equitativa y próspera.
